Lo que suele preguntarse antes de encargar nada

Es el conjunto de reglas que permite a una persona física insolvente pedir la exoneración del pasivo insatisfecho: que determinadas deudas que no puede pagar dejen de reclamársele, si cumple los requisitos. No es un formulario ni un perdón automático.

Es el nombre actual del mecanismo. BEPI era la forma habitual de referirse a él antes de la reforma de 2022. La idea de fondo sigue siendo permitir un nuevo comienzo a quien es insolvente y actúa de buena fe, con reglas distintas a las de entonces.

Personas físicas, particulares o autónomas, en insolvencia actual o inminente, que puedan acreditar buena fe y aportar una imagen completa de deudas y bienes. Una sociedad no sigue este mismo cauce. Cumplir el perfil no equivale a tener ya derecho a la exoneración.

Sí pueden estudiarse, porque el autónomo es persona física. Las deudas del negocio, los seguros sociales y las obligaciones con Hacienda tienen matices propios. Hay que separarlos antes de decir qué podría exonerarse.

En este contexto significa no haber provocado o agravado la insolvencia con conductas que la ley rechaza, y no ocultar información relevante. Esconder una cuenta, un ingreso o un bien puede impedir la exoneración y tener otras consecuencias.

Suelen estudiarse préstamos, tarjetas, microcréditos y otras deudas ordinarias. Hay créditos que la ley excluye o trata de otra forma, entre ellos algunos de derecho público, alimentos o los derivados de determinadas responsabilidades. La lista exacta hay que leerla en el texto vigente, no en un resumen comercial.

El crédito público tiene un régimen propio. No se puede afirmar que se cancele entero, ni que quede siempre fuera. El alcance depende del tipo de deuda, del importe y de la vía del procedimiento. Hay que contrastarlo con el texto consolidado y con los certificados oficiales.

Tener vivienda no impide el estudio. Tampoco garantiza conservarla. Influyen el valor, la hipoteca, las otras cargas y si el caso va por liquidación o por un plan de pagos. Nadie debería prometerle que la casa queda al margen.

Depende de si está pagado, financiado o es necesario para trabajar. Puede formar parte de la masa y también puede haber acreedores con garantía. Se mira el contrato y el certificado de Tráfico, no una regla única.

La exoneración, si llega, alcanza a quien la obtiene. El avalista responde con su propio patrimonio salvo que también tenga una solución propia. Firmar como avalista de otra persona, o tener avalistas en sus deudas, son dos situaciones distintas y las dos hay que contarlas.

No hay un plazo honesto que sirva para todos. Influyen el juzgado, si falta documentación, si hay incidente y si el camino es un plan de pagos o una liquidación. En la primera reunión se puede hablar de escenarios, no de una fecha cerrada.

Los honorarios del abogado se presupuestan por escrito antes de empezar, según la complejidad. Pueden existir otros gastos, como procurador o administración concursal, que no siempre dependen del despacho. No se publica aquí un precio inventado.

Con la reforma de 2022 dejó de ser un requisito previo para pedir la exoneración. Sigue teniendo sentido ordenar la deuda y hablar con los acreedores cuando convenga, pero no se presenta como un paso que la ley imponga siempre.

En una, se liquidan bienes para pagar lo que se pueda y se pide exonerar el resto. En la otra, se propone un plan de pagos durante un tiempo y la exoneración queda condicionada a cumplirlo. La elección no es libre del todo: depende del patrimonio y de los requisitos.

La exoneración, cuando es firme y se comunica correctamente, es el argumento para pedir la actualización de los ficheros. No ocurre el mismo día en que se presenta la solicitud, ni en todos los ficheros a la vez.

La ley limita la reiteración. El plazo concreto y las excepciones deben leerse en el texto consolidado vigente, porque citar de memoria una cifra es una de las formas habituales de equivocarse en esta materia.

Identidad, deudas privadas y públicas, cuentas, bienes, ingresos, vida laboral e IRPF, y la vivienda si está hipotecada. En el área de cliente verá la lista de este despacho, con lo que ya está y lo que falta. No todo el mundo tiene que aportar lo mismo.

La declaración de concurso produce efectos sobre las ejecuciones, pero no todos son inmediatos ni alcanzan a cualquier embargo. Las llamadas de recobro no se apagan por pedir una cita. Hay que ver en qué fase está cada procedimiento.

La documentación se puede reunir a distancia y la reunión puede ser presencial u online. El órgano judicial depende del domicilio. Tras los cambios de organización judicial, el despacho lo confirma con la norma aplicable y no con una ficha antigua.

Puede perderse la exoneración, reabrirse lo ya concedido y, en algunos supuestos, haber consecuencias distintas del propio concurso. Contar un bien incómodo al principio es siempre mejor que descubrirlo a mitad del procedimiento.

Para preparar con criterio la solicitud y la exoneración, sí conviene un abogado que conozca el concurso de la persona física. El despacho le dirá también cuándo hace falta procurador.

Trabajar no lo impide. Los ingresos sirven para ver si hay insolvencia y, en su caso, para diseñar un plan de pagos realista. Hace falta aportar nóminas o el equivalente.